Los tres sujetos son acusados de entorpecimiento de la justicia en una causa por enriquecimiento ilícito.
La Unidad Fiscal, conformada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, ha solicitado la detención del juez Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y el abogado Roberto Ortega Serrano, en el marco de un caso judicial que involucra presuntas irregularidades vinculadas a coimas y actividades ilícitas en el norte de Salta. La petición fue presentada ante el juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú en esta causa.
El pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal lo imputó por estos delitos y fue citado a declarar el 12 de septiembre. Optó por hacerlo ante el Juez de Garantías, Claudio Alejandro Parisi, quien, junto al abogado Roberto Ortega Serrano, está bajo sospecha de haber permitido el acceso indebido al expediente que contenía órdenes de allanamiento en los domicilios de Martínez. Estas irregularidades fueron descubiertas en los mensajes de WhatsApp del propio intendente.
Además, la situación toma mayor gravedad al vincularse con la investigación del homicidio de César Daniel Martínez, hermano del intendente, quien fue asesinado mientras cumplía arresto domiciliario en su residencia. La Unidad Fiscal ha solicitado varios allanamientos en relación con este caso, y Carlos Alfredo Martínez está siendo investigado por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado.
El Procurador General de Salta también informó que el intendente Martínez tiene antecedentes penales, incluyendo una condena de cinco años de prisión por transporte de estupefacientes en 2013, y actualmente enfrenta otro proceso por lavado de activos, con un auto de procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Tucumán.
García Castiella subraya en su comunicación la necesidad de que las instituciones provinciales actúen con celeridad para garantizar el funcionamiento normal del Ejecutivo Municipal de Aguas Blancas y prevenir que el crimen organizado afiance su presencia en la zona norte de la provincia.
Tras la divulgación del caso, en las últimas horas se conoció que el intendente Martínez solicitó licencia de su cargo y decretó asueto de 48 horas para el personal de la Municipalidad de Aguas Blancas. Esta acción ha sido vista por algunos como una estrategia para evitar una posible intervención que podría costarle su cargo político, mientras se desarrollan las investigaciones en su contra.
Este escándalo de corrupción, que afecta tanto a la justicia como a la administración municipal, ha generado preocupación en la provincia, dado que involucra a funcionarios de alto nivel y pone en evidencia posibles redes de complicidad con el narcotráfico.