Las clases inician el próximo lunes y como todos los años, denunciaron el cobro de inscripción.
Las clases debían comenzar el lunes 26 de febrero, conforme a lo estipulado en el calendario escolar anunciado por el Gobierno de Salta, pero de un momento a otro, las autoridades provinciales decidieron posponerlo, y si todo sale bien, el lunes 4 de marzo todos vuelven a las aulas.
El nivel de conflictividad gremial fue uno de las principales razones que sirvieron a la especulación de porque se pospuso una semana la vuelta a clases. La quita del incentivo docente y los anuncios de medida de fuerza a nivel nacional, pintaban un cuadro complicado a nivel provincial, pero claramente no fue el único motivo.
Cristina Fiore es la nueva ministra de Educación de Salta, luego de que Matías Canepa abandonara la cartera tras una gestión que casi nadie recordará. Seguramente, reordenar todo le tomó más tiempo de lo esperado a la ex diputada, ya que una vez más dejaron para último minuto el reacondicionamiento edilicio de las escuelas.
Otra vez, como todos los años, desde hace mucho tiempo, el estado de las escuelas al momento de abrir no es el mejor. Problemas de agua, estructura, desmalezamiento y alimañas de todo tipo, reciben a los trabajadores a muy poco de la llegada de los niños. Directivos de distintas instituciones expusieron que todo se está haciendo sobre la hora y en las escuelas rurales, el escenario es aún peor.
Lo cierto, es que el Ministerio de Educación tiene menos de una semana para poner a punto todos los establecimientos para este ciclo lectivo 2024.
La educación pública, es obligatoria y también es gratuita
Otra práctica que se repite como una constante todos los años, es el cobro de cooperadora. Como todos los años, las instituciones educativas de gestión pública impulsan una recaudación entre los miembros de su comunidad. Estos fondos, suelen destinarse a gastos menores que sirven al funcionamiento de las escuelas, pero de ninguna manera puede ser obligatorio.
De un tiempo para acá, padres y familiares denuncian el cobro de inscripción en las escuelas públicas, lo cual va en contra de la Ley 1420 que fue promulgada en 1884 y establece la laicidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación. Por esto, el pago de la cooperadora es optativo y de ninguna manera puede condicionar el ingreso de ningún estudiante al sistema educativo público.
El Ministerio de Educación recuerda esto todos los años, pero algunas instituciones insisten en este cobro como un requisito de inscripción. Ante esto, se deben radicar las denuncias ante la autoridad competente para que evalúe las sanciones que correspondieren.
Realizar un aporte a la institución educativa serviría para mejorar la experiencia de los estudiantes, pero no puede excluir a nadie por no poder afrontarlo parcial o completamente.