Sectores que defienden a militares presos por delitos de lesa humanidad apuntaron contra Villarruel.
La osadía de Javier Milei de decir que quienes están condenados por crímenes cometidos durante la dictadura deben cumplir sus penas desató la ira de referentes de la ultraderecha y de organizaciones que defienden a los procesados por delitos de lesa humanidad –y a quienes el líder de La Libertad Avanza contaba entre sus votantes–. Gran parte del malestar se volcó hacia su candidata a vicepresidenta, la diputada ultraderechista Victoria Villarruel, que llegó al Congreso hace dos años directo desde una de los grupos que se reivindican de “memoria completa”. Cecilia Pando, reconocida por su activismo contra los juicios de lesa, acusó a Villarruel de haber firmado los libros que escribía Alberto González, el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras estaba preso.
El domingo, Milei estuvo en el programa GPS, que conduce el periodista Rolando Graña en el canal A24. Allí le preguntaron qué haría con quienes perpetraron crímenes aberrantes si llega a ser presidente. “Si cometieron un delito de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena”, contestó.
– ¿Los indultarías? –insistió el conductor.
– Te estoy diciendo que no: tienen que cumplir la pena –refrendó Milei y añadió que Villarruel pensaba como él.
Después de estas declaraciones fueron varias las organizaciones que suelen defender a represores que se enardecieron con el candidato libertario. “Repudiamos sus palabras. Lamentablemente no está a la altura de las circunstancias”, dijo en un comunicado La Fuerza de los Dignos, una agrupación que se presenta como de familiares de “presos políticos” –en alusión a quienes están detenidos por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas–.
“Respecto de lo que dijo Milei, es parte de la todología de nuestros políticos que opinan sobre temas ríspidos como si fueran panelistas”, trató de disculparlo la organización Justicia y Concordia, que reúne a abogados que intervienen como defensores en los procesos de lesa humanidad. “Esperar que un economista pueda entender el prevaricato de cientos de jueces, incluida la Corte Suprema, es buscar el desencanto”, lo desdeñó.
Menos benévola fue Cecilia Pando, que saltó a la fama por oponerse a la política de juzgamiento del terrorismo de Estado impulsada por Néstor Kirchner. “No solamente acaba de perder los votos de las familias de militares que están ilegalmente detenidos, sino también el de los integrantes de las Fuerzas Armadas”, escribió en su cuenta de Twitter.
Pando, recordada por hacerle la seña de degüello al entonces secretario de Derechos Humanos Luis Eduardo Duhalde, arremetió también contra Villarruel al hacerse eco de un mensaje publicado por Segundo Carafí, dirigente del Centro de Estudios Cruz del Sur, creado en 2017 por jóvenes que reivindican el lema “Dios, Patria y Familia”. Carafí había reclamado que Villarruel ratificara o desmintiera lo que había dicho Milei. “Después de ver este video no puedo evitar pensar qué sentirá Alberto González, militar preso condenado a perpetua, quien formó a Victoria y escribió los libros que ella firmó como propios”, se despachó el exfuncionario del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
“Comparto –contestó Pando–. Yo conocí a Alberto González por Victoria Villarruel. Fuimos juntas al penal y él nos mostraba el libro que estaba escribiendo y que luego firmó Victoria”.
“Victoria tenía relación con Alberto para averiguar sucesos de cuando él estaba en la ESMA”, le dijo a Página/12 Guillermo Fanego, el abogado defensor de González. “Pero es mentira que él le escribiera los libros”, agregó en contraste con la acusación de Pando. El letrado no pudo precisar cuándo surgió el vínculo entre González y Villarruel, pero afirmó que últimamente su defendido se entera de las novedades de la diputada por los diarios.
La sombra del represor
González estuvo en tres juicios por delitos de lesa humanidad: en dos lo condenaron a prisión perpetua y en el último, centrado en los delitos sexuales que sufrieron tres prisioneras de la ESMA, recibió una pena de 20 años de prisión.
En la ESMA se lo conocía como el “Gato” o “Luis”. Su legajo dice que empezó a revistar en el campo de concentración de la Avenida del Libertador en marzo de 1977. Sin embargo, varios testimonios lo sitúan allí hacia fines de 1976. Hasta 1979 estuvo en la ESMA. Fue uno de los oficiales que intervino en el secuestro de quienes se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, incluidas tres Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas. Era parte del área de inteligencia.
Después de la ESMA, la Armada lo destinó al Reino Unido y a Holanda. En Inglaterra lo reconoció una exdetenida-desaparecida. Para fines de 1982, la Marina lo designó vocal de la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese), que se creó para borrar el accionar represivo ante la inminencia del fin de la dictadura.
En democracia, González se dijo acosado por las denuncias sobre su accionar que su familia leía y veía en la televisión. En algún momento le dieron autorización para que cursara la carrera de Historia. Estudió entre 1986 y 1990 en la Universidad de Belgrano. En 1989, lo nombraron jefe de Investigaciones Históricas del Departamento de Estudios Históricos Navales. A los tres años, le salió el retiro por considerarlo que estaba “inutilizado para el servicio”.
Durante una de las indagatorias que brindó en el juicio por delitos sexuales, González se reconoció como historiador y dijo que había escrito cuatro libros –tres de ellos están publicados, señaló–. Hasta ahora, el único que tomó publicidad fue el que escribió conjuntamente con el represor Juan Daniel Amelong, que define como “juicios de venganza” a los procesos de lesa humanidad. Esa publicación se difundió en 2015 con el auspicio de Justicia y Concordia.
Una deslealtad familiar
Victoria Villarruel pertenece a la familia militar, dice la periodista Ximena Tordini, que escribió un perfil de la diputada de LLA en la Revista Crisis. Su padre, Eduardo Villarruel, fue parte del Ejército y se jactaba de su accionar durante los años del terrorismo de Estado. “He intervenido en la lucha contra la subversión, tanto en el ambiente rural como urbano”, escribió en una nota que está incorporada a su legajo –donde también ostenta una felicitación por su participación en el Operativo Independencia–. Su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, fue detenido a fines de 2015 por crímenes de lesa humanidad mientras revistaba en el Regimiento de La Tablada, pero fue apartado del proceso por incapacidad.
Por la rama materna, Villarruel está emparentada con la Armada. Su abuelo, Laurio Helvedio Destéfani, se retiró con el grado de contraalmirante y fue jefe del Departamento de Asuntos Históricos Navales entre 1970 y 1984. Es el mismo lugar en el que recaló González cinco años más tarde.
Tres años después de recibirse de abogada, Villarruel fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). La fundación, en 2006, coincidió justamente con la celebración de los primeros juicios contra los criminales de lesa humanidad: ese año se sentaron en el banquillo Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón –conocido como el “Turco”–. Según publicó el periodista Guido Braslavsky en Clarín, el Celtyv es un desprendimiento de Asociación Unidad Argentina (Aunar), creada por el exjefe de inteligencia de Institutos Militares y exjefe de la Policía bonaerense Fernando Verplaetsen, de claro tinte “procesista”.
Villarruel publicó dos libros, Los llaman jóvenes idealistas y Los otros muertos: las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los ‘70, donde no hay una reivindicación del accionar militar sino un intento de equiparar a los criminales de lesa con los militantes de los ‘70. La afinidad con González –que denuncia Pando y confirma parcialmente Fanego– era, hasta ahora, desconocida.
Fuente: Página 12