Las elecciones en Venezuela son el ejemplo vivo de porque el voto electrónico no es una solución, sino un latente peligro y Salta no es la excepción.
Una nueva elección en Venezuela expuso frente a toda la comunidad internacional las enormes falencias del voto electrónico y las consecuencias que puede traer su implementación. Más allá de lo dictatorial de un Nicolás Maduro que aspira a quedarse como jefe de Estado hasta el 2.031, resulta menester plantear si Salta debe mantener este sistema de votación que lleva años poniendo autoridades en nuestra provincia.
En el año 2.011 durante el Gobierno de Juan Manuel Urtubey se decidió que los salteños debían votar con este sistema. En principio, pretendían avanzar con un modelo completamente electrónico, similar al de Venezuela, y ante el rechazo se inclinaron por una versión más light: la Boleta Única Electrónica (BUE). Ésta, además de la máquina, registra en papel y en un chip RDIF el sufragio emitido. De esta manera, repitiendo en cuanto medio se les cruzaba que solo era una impresora, lograron hacerlo realidad.
Ahora, en Venezuela la oposición denuncia fraude y afirma tener más del 73% de las actas que confirman un resultado favorable a su candidato. Del otro lado, Maduro fue anunciado como el ganador por el Consejo Nacional Electoral y, antes de finalizar el escrutinio definitivo, lo proclamó. Pero entonces: ¿Se puede saber cuál es el resultado verdadero?
La respuesta que dan los especialistas no es para nada alentadora.
Ni las urnas electrónicas, es decir, las máquinas de votación, ni las actas en poder de la oposición son garantía de nada, pues en ésta instancia ya existe la posibilidad de que hayan sido adulteradas, tanto a nivel software como en el papel ya impreso, y ambas podrían no reflejar la verdadera voluntad del votante. De esta manera, el control se hace prácticamente imposible y al tratarse de un sistema informático, son pocos los ciudadanos que cuentan con los conocimientos suficientes para auditarlo. Uno de los principales puntos en contra a la hora de utilizar máquinas como mediadores electorales.
La realidad es que este gris sobre el sufragio permite que tanto oficialismo como oposición puedan darse por ganadores, en una especie de “elige tu propia aventura”, dejando abierta la interpretación a todo tipo de especulaciones, lo que incluye la posibilidad de fraude, como ya se ha denunciado. Esto hace comprensible la posición de la enorme mayoría de la comunidad internacional que exige pruebas claras y transparentes a la hora de reconocer el resultado.
En el caso de la BUE utilizada en nuestra provincia existe un soporte de papel por cada uno de los votos emitidos, lo que podría ser una ventaja a la hora de auditar el sistema, pero se ha comprobado que la enorme mayoría de los votantes no controla que lo impreso coincida con su decisión y que ambos se reflejen también en el chip RDIF que contiene cada boleta. Si a esto le sumamos la imposibilidad de auditar el código fuente del software, solo cosechamos dudas, desconfianza y vulnerabilidades.
Con esta excusa, los promotores del voto electrónico en Salta lograron avanzar. Nada de esto hubiese sido posible sin la bendición de la autoridad electoral de aquel momento, Teresa Ovejero. Tal fue su entrega que recibió su condecoración y actualmente ocupa la presidencia de la Corte de Justicia, el máximo tribunal provincial.
En Venezuela se puede palpar lo que un importante grupo de especialistas en la materia expuso en Argentina. Luego de que Salta se convierta en el conejillo de indias para el experimento, quisieron aplicarlo en todo el país durante el gobierno de Mauricio Macri, fue solo por estos especialistas que se pudo evitar.
Así, lograron demostrar que el chip era editable con un equipo doméstico, que las boletas podían reemplazarse y que la máquina que presentaban como impresora contaba en realidad con distintos conectores y conexiones que la hacían todavía más vulnerable. Pero principalmente, dejaron en claro que con el voto electrónico se ponía en duda uno de los puntos más importantes que exige la Ley Sáenz Peña sobre el sufragio: el voto secreto.
En Venezuela, antes de votar, el ciudadano debe colocar su dedo en un lector de huellas conectado a la máquina de votación.
Solamente queda la confianza que los votantes puedan tener sobre sus autoridades para darle legitimidad al sistema, una especie en extinción.
“Dependiendo la fase del proceso de votación que uno quiera automatizar, cada una tiene su problemática o desafíos concretos. Por ejemplo, a la hora de emitir el voto que el usuario lo haga una sola vez, que la máquina no le sesgue el candidato, o cómo se presentan a los mismos”, explica Andrés Díaz Pace, Investigador Principal del Conicet en la Unidad Ejecutora ISISTAN de la Universidad Nacional del Centro.
No solo especialistas locales se pronunciaron en relación a esto. En todo el mundo, y hasta magnates de la informática como Bill Gates, tomaron partido asegurando que “no se debe usar la informática para votar”, por lo que la mayoría coinciden en que lo mejor es el sistema de Boleta Única de Papel.
Otra de las falencias del voto electrónico es el elevadísimo costo, excusa que se utilizó para eliminar las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en nuestra provincia. Salta gastó casi 1.000 millones de pesos solo en los comicios de 2.023, mientras que las localidades que utilizan la Boleta Única de Papel no superaron los 250 millones.
Smartmatic es la empresa que aparece en cada elección y ahora no es ajena a lo ocurrido en Venezuela donde funciona Ex-Cle. A la empresa la vinculan con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, la vicepresidenta de ese país. Smartmatic es, además, la empresa que se llevó todas las críticas por el papelón que fue el voto electrónico en CABA.
De acuerdo a lo que explicó Julio López, “Ex-CLE hizo parte de los sistemas de ANSES bajo la gestión Kirchner, continuo el sistema de Smartmatic después que Smarmatic denunciara 1 millón de votos de fraude en sus propios sistemas y es de Guillermo San Agustín y en Buenos Aires su hermano Eduardo, Sancionados por el gobierno americano por sus vínculos con IRAN”. Además, realizo el mercadopago con huella dactilar en Venezuela llamado “biopagos” y es la adjudicada para la emisión de los pasaportes.
En Salta, la empresa que ganó todas las licitaciones desde el año 2.011 a la fecha es Magic Software Argentina (MSA) y si bien no tiene vínculos con Smartmatic, son muchos los que señalan su cercanía con personajes y operadores de la política local.
Lo cierto es que amasan millones por un sistema que no garantiza seguridad alguna y que lo que venden como mayor virtud (velocidad para emitir resultados), puede variar convenientemente en beneficio de quien la contrató.
A nivel legislativo esquivan al debate para patear la discusión manteniendo la problemática vigente, pues los salteños seguiremos votando con este sistema, hasta tanto diputados y senadores tomen el toro por las astas para revertir el error de virtualizar la elección, no para volver al vetusto sistema de “lista sábana”, sino para alcanzar algo superador.
Ahora, mientras la palabra fraude se grita a los cuatro vientos, nuestros representantes se encuentran en la obligación de evitar una tragedia similar a la que vive Venezuela. El zafarí electrónico al que nos sometieron debería quedar solo como un mal recuerdo y en los próximos comicios, encontrarnos a los ciudadanos en una elección más transparente, entendible y auditable para todos.