La medida anunciada por el Gobierno de Milei beneficia al AMBA donde solo habrá “descuentos”.
En la supuesta guerra entre Javier Milei y los privilegios de gobernadores o diputados, quienes pagarán los platos rotos serán los ciudadanos de a pie. El Gobierno Nacional anunció la desregulación de las tarifas del transporte público y la eliminación del “Fondo Compensador del Interior”, eliminando así la asistencia que recibían las empresas de colectivos.
La militancia de Milei, le atribuye esta medida a una especie de reprimenda que Javier Milei aplicará sobre los gobernadores del interior, a quienes ya acusó de traidores por no aprobarle la Ley Ómnibus, conforme a lo que él pretendía.
Lo cierto, es que con esto se espera un nuevo ajuste en la tarifa del transporte público y por supuesto Salta no quedará exenta de esto.
Según lo que expresó el referente de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal (CETRAM), Saúl Isaacson: “Es un cambio sustancial porque entre el 20% y 25% de los ingresos son subsidios nacionales. Nos termina de desequilibrar por completo”.
“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”, fundamentaron desde el Gobierno.
El federalismo no avanza
En un documento difundido por el Ministerio de Economía, también se anunció la reducción de subsidios destinados a las empresas de transporte del AMBA. Sutil diferencia con el interior, donde directamente los eliminó. Y como guiño extra, anunció que llevará los subsidios directamente a los beneficiarios, por medio de la tarjeta SUBE.
“Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”, sosteniendo y reforzando las desigualdades existentes.
Con esto, tendrían un descuento en el precio del boleto del 55% que quedaría subsidiado por el Gobierno Nacional, con el erario de todos. Esto, lo incluyen dentro de las supuestas políticas de que la asistencia llegue sin intermediarios, mientras subsidian a Caritas, Iglesias Evangélicas y CONIN.
Siendo así, solo mantendrían la asistencia social aquellas personas que estén englobadas en el beneficio, que rige para jubilados y pensionados, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.